
Tarek William Saab, fiscal general de la República, en representación del Poder Ciudadano, solicitó a Estados Unidos el retorno de la pareja presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores, a Venezuela. Saab, quien mostró su respaldo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, emitió estas declaraciones durante la presentación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional.
El fiscal denunció lo que considera un secuestro de Maduro y Flores, apoyando la gestión de Rodríguez en este contexto. Subrayó que la detención de ambos es ilegal y pidió que sean devueltos al país.
En su intervención, Saab calificó como “crimen de guerra” el ataque aéreo realizado por las fuerzas militares estadounidenses en Venezuela, que dejó víctimas fatales y heridos. Destacó la resiliencia del pueblo venezolano frente a lo que describe como un acto de terrorismo de Estado, afirmando que la nación se mantiene en orden y comprometida con la paz.
El fiscal también hizo un llamado a la unidad entre los distintos sectores de la sociedad, incluyendo la cúpula cívico-militar y demás instituciones, para proteger la soberanía nacional en este momento crítico.
Además, Saab recordó que el mandato de Nicolás Maduro se extiende hasta 2031, tras su reelección en julio de 2024 y su toma de posesión en enero de 2025. En este sentido, resaltó que la inmunidad del presidente es un principio consolidado en el derecho internacional, lo que implica que los mandatarios en funciones no pueden ser arrestados ni procesados en el extranjero.
También cuestionó la legalidad de la operación militar estadounidense, que, según él, se llevó a cabo sin una declaración formal de guerra y sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que la convierte en una agresión armada ilegal. Saab catalogó la desaparición de la pareja presidencial como un secuestro internacional, argumentando que esta situación constituye una violación de sus derechos y libertades.
Por último, enfatizó que la constitución estadounidense otorga al presidente de esa nación ciertos poderes, sin embargo, toda acción militar requiere la autorización del Congreso, algo que, según Saab, no se cumplió en este caso.
DCN/Agencias