
Un juez de distrito de EE. UU. ha dado luz verde para que los 252 venezolanos, que fueron enviados a la megacárcel del CECOT en El Salvador, tengan la posibilidad de impugnar su deportación. Este fallo surge tras una serie de negociaciones entre Washington, San Salvador y Caracas, y se espera que los afectados puedan solicitar algún tipo de reparación al gobierno de Donald Trump.
El juez James Boasberg, quien anteriormente emitió una orden para que se detuvieran esos vuelos, ha establecido un plazo que finaliza el 5 de enero para que el Gobierno estadounidense garantice condiciones que permitan a estos hombres impugnar su situación en tribunales. Un grupo de migrantes ha solicitado que se les brinden garantías para participar en estas audiencias sin temor a por su seguridad.
La decisión del juez también señala la falta de acceso al debido proceso durante su deportación, que se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada para acusar a estos hombres de ser parte de la banda Tren de Aragua, catalogada como organización terrorista. Esta ley, que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial, generó controversia por su aplicación.
Tras tres meses de detención, los venezolanos fueron devueltos a su país en el marco de un intercambio humanitario, donde el gobierno de Nicolás Maduro liberó a diez ciudadanos estadounidenses.
Durante una rueda de prensa, algunos afectados expresaron su esperanza de que este fallo marque un precedente para la defensa de los derechos de otros migrantes. Nolberto Aguilar, uno de los deportados, manifestó que no busca regresar a EE. UU. por el temor a revivir la misma situación.
DCN/Agencias