
El 4 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que el Gobierno de Donald Trump redujo la vigencia de los permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) de cinco años a 18 meses. Esta nueva medida afecta a cientos de miles de inmigrantes, incluyendo a quienes han solicitado asilo y a los beneficiarios del programa DACA, que protege a los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños.
El cambio se aplica tanto a nuevas solicitudes como a las renovaciones de los permisos. A partir del jueves, el Gobierno de EE.UU. tendrá la capacidad de realizar revisiones más frecuentes sobre la elegibilidad de los migrantes. USCIS advierte que los solicitantes deben presentar sus renovaciones con antelación para evitar interrupciones en su autorización para trabajar. Sin embargo, los permisos emitidos antes del 4 de diciembre seguirán vigentes hasta su fecha de expiración.
Los grupos más impactados por esta normativa incluyen a solicitantes de asilo, beneficiarios de DACA, refugiados y personas bajo Estatus de Protección Temporal (TPS). También se incluyen aquellos con orden de suspensión de deportación y quienes tienen solicitudes de ajuste de estatus o programas humanitarios especiales, como la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA).
Con esta medida, el Gobierno de EE.UU. busca mejorar la supervisión sobre los inmigrantes que laboran legalmente mientras sus casos están en revisión. Se espera que la iniciativa asegure la continuidad del empleo dentro del marco legal vigente y mantenga actualizados los datos de los solicitantes mientras sus situaciones son evaluadas.
DCN/Agencias