
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró una emergencia económica en el país por un periodo de 30 días, debido a lo que se considera una “inminente crisis fiscal”. Este anuncio se produce tras el archivo de la reforma tributaria que buscaba fortalecer el presupuesto nacional para 2026.
Con este decreto, el Gobierno tiene la capacidad de implementar impuestos especiales y medidas extraordinarias para reunir 41.000 millones de dólares. Según el presidente, esta cantidad es esencial para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas el próximo año, aunque hasta ahora no se han especificado qué impuestos se aplicarían ni cómo impactarán a empresas y ciudadanos.
La declaración se contraste con el desempeño reciente de la economía colombiana. Los analistas prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá este año entre 2,6 y 2,7%, superando las expectativas iniciales. No obstante, este avance no se ha traducido en una mejora significativa en la recaudación fiscal.
Por otro lado, el gasto público ha crecido debido a un aumento en el endeudamiento. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal aumentó en 2,5 puntos porcentuales, y se espera que supere el 7% del PIB en 2025, intensificando así la presión sobre las finanzas del Estado.
La reforma tributaria intentaba recaudar unos 4.000 millones de dólares, pero fue archivada por el Congreso, a pesar de las advertencias del presidente sobre posibles recortes en la inversión pública. En el decreto de emergencia, el Gobierno señala que la delicada situación fiscal podría resultar en un “ajuste drástico” que afectaría el bienestar de la población, lo que justifica la implementación de medidas excepcionales. Esto marca un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y el Legislativo en medio de un crecimiento económico moderado y una fragilidad fiscal persistente.
DCN/Agencias