
La migración venezolana se ha convertido en un fenómeno estructural que impacta fiscalmente en América Latina y el Caribe, donde reside aproximadamente el 85 % de los más de 7,8 millones de venezolanos que han salido del país, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El estudio, presentado en el marco del Día Internacional del Migrante, señala que el consumo de esta población en ocho países—Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana—supera los 10.600 millones de dólares anuales. Sin embargo, también coexiste con altos niveles de informalidad y la creciente vulnerabilidad de los migrantes, que representan una de las crisis de refugiados más importantes a nivel global, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
La migración venezolana se ha desarrollado en varias oleadas. Desde el 2000 hasta 2012, se caracterizó por la salida de la clase media y alta con altos niveles educativos. A partir de 2012, el contexto económico y político adverso llevó a un desplazamiento intrarregional. Desde 2015, se reportó un “flujo masivo” que transformó el panorama migratorio, destacando el fenómeno de los ‘caminantes’ que abandonan el país por vías terrestres. En 2018, el perfil migratorio cambió, ya que ahora incluía a familias enteras y personas en situación de gran vulnerabilidad.
En el período de 2022 a 2023, aumentó la migración hacia Norteamérica, especialmente a Estados Unidos, por rutas de alto riesgo como el Darién, donde se reportan condiciones muy peligrosas.
Diez años después de la primera ola masiva, se considera que la migración venezolana no es solo una respuesta coyuntural, sino un “proceso estructural” que depende de los contextos políticos y de seguridad de los países receptores. Según datos de la plataforma R4V, hasta noviembre de 2025, se contabilizaban 6,9 millones de venezolanos refugiados y migrantes en la región, siendo Colombia el país que más recibe, seguido de Perú, Brasil, Chile y Ecuador.
La mayoría de los migrantes se encuentra en la edad laboral activa, entre 18 y 39 años, y tiene niveles educativos que en ocasiones superan a los locales. Sin embargo, estas calificaciones no siempre garantizan la inserción en el mercado laboral, generando un fenómeno creciente de migración secundaria hacia otros países donde podrían encontrar mejores oportunidades.
El informe concluye que la migración ha tenido un impacto económico positivo al aumentar la oferta de mano de obra calificada y contribuir a la expansión de la base tributaria en los países analizados. Las medidas de integración socioeconómica son consideradas efectivas frente a las políticas restrictivas.
DCN/Agencias