La AN aprobó este jueves, en segunda discusión y con unanimidad, la ley que deroga el Estatuto de Roma

La Asamblea Nacional aprobó recientemente, en segunda discusión y sin votos en contra, la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma, lo que allana el camino para que Venezuela se retire formalmente de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que pertenece desde 2002.

Durante el debate, Jorge Rodríguez expresó que la CPI se ha convertido en un «instrumento político», argumentando que su actuación ha estado influenciada por “parcialidad y subordinación a intereses extranjeros”. Según Rodríguez, la medida legislativa busca evidenciar el “sesgo” del tribunal y la falta de respuesta a las denuncias que, a su juicio, el Estado venezolano ha presentado.

El proyecto se enviará al presidente Nicolás Maduro para su firma y, una vez publicado en la Gaceta Oficial, entrará en vigencia.

Esta decisión legislativa ocurre justo después de que la AN denunciara a la Fiscalía de la CPI por un incumplimiento de los acuerdos de cooperación. La CPI había señalado que cerraría su oficina en Caracas, que actualmente no cuenta con personal operativo, lo que provocó críticas de los diputados, quienes alegan que la CPI ha mostrado “desinterés” por el seguimiento del caso venezolano.

Los legisladores reaccionaron también ante declaraciones del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien justificó el cierre de la oficina por la falta de avances en la complementariedad, el principio que exige que el Estado investigue seriamente los crímenes antes de que la CPI intervenga. Para la AN, esta acción es considerado un acto de “presión política” hacia el país.

Los representantes del Parlamento cuestionaron además la postura de la CPI en relación a las sanciones internacionales que afectan a Venezuela. Rodríguez afirmó que el tribunal ha ignorado los daños humanitarios ocasionados por medidas externas y no ha respondido a las denuncias formuladas por el Gobierno.

Rodríguez concluyó diciendo que permanecer en el sistema de Roma “solo perpetuaría la injusticia” y criticó a ciertos países que, según él, ejercen influencia sobre el tribunal, haciendo énfasis en Estados Unidos.

DCN/Agencias

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