Hábeas Corpus en Honduras ante la Desaparición de Consejeras del CNE

El Ministerio Público de Honduras ha solicitado un hábeas corpus debido a la falta de información sobre el paradero de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López-Osorio. Este desarrollo se da en medio de acusaciones de fraude electoral y presiones externas.

La acción fue presentada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que esta verifique la situación y ubicación de las funcionarias, asegurando sus derechos a la libertad y a la vida, según indicó la Procuraduría General de la República.

Esta solicitud se produce poco después de que Marlon Ochoa, consejero electoral, afirmara que las consejeras están “secuestradas” en la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, lo que ha elevado preocupaciones sobre la posible injerencia de Washington en el proceso electoral de Honduras.

Ochoa indicó que las consejeras no pueden desempeñar sus funciones libremente y que su ausencia coincide con momentos críticos del escrutinio especial y la validación de actas, comprometiendo la transparencia del evento electoral. Desde el Ministerio Público, se advirtió que la incertidumbre sobre el paradero de las consejeras afecta no solo a sus derechos, sino también a la estabilidad institucional y la confianza en la democracia.

El contexto actual es de alta conflictividad, con denuncias de amenazas militares, manipulación de resultados y presiones externas, incluso de declaraciones del Gobierno de Donald Trump, que diferentes sectores hondureños consideran responsables de un intento de «golpe electoral».

Ochoa subrayó que la falta de las consejeras está relacionada con la negativa de algunos grupos de permitir un conteo completo de los votos para restablecer la legitimidad del proceso. Reiteró su rechazo a apoyar un resultado que considere fraudulento.

La solicitud de hábeas corpus requiere que la Sala de lo Constitucional actúe rápidamente, ordenando las diligencias pertinentes para determinar si la libertad de las funcionarias está siendo restringida de manera ilegal, en un momento en que Honduras aún no tiene resultados oficiales y enfrenta serias dudas sobre su institucionalidad.

DCN/Agencias

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