Expertos advierten sobre el recrudecimiento de la represión en Venezuela: torturas y detenciones arbitrarias entre 2014 y 2025
El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela ha presentado su informe titulado «Voces Silenciadas: El Colapso de la Sociedad Civil y el Fracaso de la Disuasión Internacional en Venezuela», en el que advierte sobre un aumento de la represión en el país desde 2014 hasta 2025, documentando más casos de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
El informe detalla que el gobierno ha perfeccionado un sistema de violencia sistemática que incluye tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Entre los datos recolectados, se registran 1.634 casos de tortura, la mayoría ocurridos tras el inicio de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso; también se han reportado 116 desapariciones forzadas, con dos tercios en el período de investigación de la CPI. Desde 2014, ha habido 18.582 detenciones arbitrarias, destacando más de 2.200 arrestos en un lapso de nueve días tras las elecciones de 2024 y al menos 16.808 presuntas ejecuciones extrajudiciales en la última década.
Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel, enfatizó que la represión no solo persiste, sino que se ha vuelto más estructurada. La disminución de los reportes públicos no refleja mejoras, sino una "desaparición estadística" que muestra un país donde las víctimas temen hablar. Esta crisis ha resultado en el desmantelamiento de la sociedad civil, que ha sido atacada mediante persecución legal, allanamientos, vigilancia, intimidación y exilio.
El informe identifica los años 2024 y 2025 como los más violentos, con operativos como “Furia Bolivariana” y “Operación Tun-Tun”, donde se registraron numerosas detenciones políticas y el asesinato de al menos 28 manifestantes. Se destaca el aumento en la tortura, incluyendo técnicas como asfixia y violencia sexual. También se documenta la represión de defensores de derechos humanos incluso fuera de Venezuela.
Finalmente, el Panel concluye que la participación de la CPI no ha sido disuasoria para el gobierno venezolano, destacando que este ha utilizado su cooperación como una estrategia para desviar la presión internacional. Se hace un llamado a la CPI para reforzar los mecanismos de responsabilidad penal.
El informe busca llamar la atención sobre la grave situación de derechos humanos en Venezuela durante la Asamblea de Estados Parte de la CPI, instando a una respuesta coordinada para garantizar justicia a las víctimas.
DCN/Agencias
