El País: Autoridades españolas indagan sobre una red de blanqueo vinculada a Pdvsa y a Alejandro Betancourt
Investigación sobre blanqueo de capitales conectado con PDVSA
El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en España, liderado por el juez Santiago Pedraz, investiga una extensa red de blanqueo vinculada a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Hasta ahora, seis personas están imputadas, entre ellas, Alejandro Betancourt, dueño de la marca de lentes Hawkers y otros negocios.
En octubre, el juez Pedraz logró interrogar a Betancourt en Londres después de emitir una orden de detención. Aunque España solicitó su extradición al Reino Unido, el magistrado decidió dejar sin efecto dicha orden tras escuchar su testimonio.
El 10 de septiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción de España recibió una solicitud del Ministerio Público de Zúrich para unirse a una investigación sobre el blanqueo de capitales relacionado con PDVSA. Esta operación ha sido denominada "Operación Bolívar". Suiza había estado investigando durante años a raíz de información del departamento de seguridad nacional de EE. UU., que alertó sobre actividades de lavado de dinero.
La Fiscalía Anticorrupción decidió iniciar su propia pesquisa, centrada en lo que califica como un "saqueo del Estado venezolano", mediante operativas de cambio de divisas a partir de fondos petroleros. El 17 de junio de 2025, se presentó una querella contra Betancourt, su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, y otros tres individuos, incluyendo a empresarios venezolanos relacionados con un grupo apodado los "bolichicos", quienes acumularon riqueza durante el chavismo entre 2009 y 2011.
La investigación sugiere que el desfalco pudo haber comenzado en 2010, con desvíos de fondos de PDVSA hacia cuentas personales por medio de un entramado complejo de sociedades. Se estima que esta operativa se extendió hasta al menos 2019. Además, la Fiscalía indica que se habrían movido sumas significativas de dinero a España, donde se han adquirido bienes inmuebles y sociedades, utilizando sobornos a funcionarios venezolanos por un total de 42 millones de euros.
Según la Fiscalía, varios de estos funcionarios han aceptado su culpabilidad ante las autoridades estadounidenses y han sido condenados allí, marcando así el origen delictivo de la investigación que se desarrolla tanto en España como en Suiza.
DCN/Agencias
