Vendedores ambulantes intentan preservar sus lugares en La Hoyada
En La Hoyada, los buhoneros están decididos a mantener sus espacios de trabajo. José, un comerciante informal, se mueve entre las calles ofreciendo carteras y bolsos a quienes transitan. Para evitar la atención de los funcionarios de la Alcaldía y la policía, arma su puesto improvisado en cuestión de minutos, ya que la alternativa es enfrentar multas que oscilan entre $30 y $40, además del riesgo de que le decomisen su mercancía.
Desde agosto, luego de los operativos en la plaza Francisco Narváez, los vendedores han visto restricciones para establecerse de manera fija. Sin embargo, la situación económica ha empujado a muchos a regresar, a pesar de las prohibiciones impuestas por el municipio.
Los buhoneros han manifestado su descontento frente a la falta de soluciones por parte de la Alcaldía de Libertador, exigiendo espacios donde puedan vender de manera legal. Adultos mayores y personas con discapacidad expresan su vulnerabilidad ante las acciones de desalojo que han tenido lugar. Según Ecoanalítica, el país presenta un índice de informalidad laboral del 70%, cifra que supera el promedio regional de 50%.
Josymar, quien lleva una década como vendedor ambulante, comenta que, a pesar de los operativos, logra ganar entre $70 y $100 diarios. Para él, el proceso de montar y desarmar su tarantín se ha vuelto una rutina diaria para esquivar a las autoridades.
Los intentos de regularizar el comercio informal y los desalojos en Caracas comenzaron en 2007, pero no han demostrado eficacia en el largo plazo. Una regulación establecida en 2024 tenía la intención de ordenar la economía en los espacios públicos, pero los vendedores continúan ocupando las calles. En Catia, por ejemplo, se observa el colapso del espacio público, con aceras abarrotadas que dificultan la movilidad de los peatones.
DCN/Agencias
