Organizaciones de Derechos Humanos Alertan al CIDH sobre Campaña Estatal de Hostigamiento contra la Prensa en Argentina
Denuncias sobre hostigamiento a la prensa en Argentina
Durante una audiencia pública en la Universidad de Miami, organizaciones internacionales y argentinas, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), SiPreBA, Fopea y Amnistía Internacional, denunciaron una campaña de hostigamiento contra los periodistas por parte del Gobierno del presidente Javier Milei, que comenzó tras su asunción en diciembre de 2023.
La audiencia formó parte del 194º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue impulsada por testimonios de trabajadores de prensa y representantes sindicales. Julia Mengolini, periodista y fundadora de la radio FutuRöck, instó a la Comisión a exigir al Estado argentino que garantice condiciones para ejercer el periodismo, denunciando el uso de recursos estatales para acosar a la prensa.
Francisco “Paco” Rabini, secretario adjunto electo de SiPreBA, afirmó que este es el primer caso en la historia democrática de Argentina en el que se orquesta una campaña de ataque contra los periodistas desde el alto poder político. Según él, los ataques buscan destruir el rol social de la comunicación.
Una de las situaciones más mencionadas fue un tuit del presidente Milei, que indicaba: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, lo que, según las organizaciones, normaliza la violencia física y simbólica hacia los comunicadores. Además, el presidente ha presentado varias demandas contra periodistas críticos, como el caso de Ari Lijalad de El Destape, cuya denuncia fue desestimada por la justicia, pero generó una respuesta de más de 600 periodistas que replicaron la nota en solidaridad.
Las organizaciones también criticaron el desmantelamiento de medios públicos. La agencia Télam ha visto su capacidad editorial reducida, con desplazamientos de personal y recortes en su financiamiento. Radio Nacional y la Televisión Pública han enfrentado congelamiento salarial y cierre de programas. Asimismo, la pauta publicitaria estatal fue redirigida a medios afines al Gobierno, impactando gravemente a los medios comunitarios, que han cerrado o reducido sus operaciones.
Fuente: TeleSUR
DCN/Agencias
