
El Tribunal Supremo de España impuso una condena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta decisión se tomó por un delito de revelación de secretos, vinculado a la supuesta filtración de un correo que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El fallo fue anunciado este jueves y marca un precedente, ya que es la primera ocasión en que un alto funcionario del Ministerio Público español se enfrenta a un juicio de estas características.
DCN/Agencias