
Al menos seis de las 19 personas fallecidas esta semana tras un bombardeo militar colombiano en el departamento del Guaviare eran menores de edad, según denuncias de la Defensoría del Pueblo. La entidad destacó que esta situación requiere un respeto al derecho internacional y enfatizó que la responsabilidad recae en los grupos armados que reclutan a estos jóvenes.
Iris Marín, defensora del Pueblo, declaró que este tipo de situaciones son un reflejo del dolor y la inhumanidad de la guerra, con un impacto directo en los más vulnerables. Adicionalmente, el presidente colombiano Gustavo Petro ordenó la ofensiva militar contra las disidencias de las FARC encabezadas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, considerado uno de los más buscados en Colombia.
Entre los ataques se registró uno en Arauca, límite con Venezuela, y otro en Guaviare, donde se reportaron las 19 muertes. Tanto Petro como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habían advertido sobre la posible presencia de menores entre los fallecidos.
La Defensoría del Pueblo confirmó que de las víctimas, seis eran niños, niñas y adolescentes que habían sido reclutados de forma forzada. Además, permanecen cuatro cuerpos sin identificar. Marín mencionó que, conforme al Derecho Internacional Humanitario, los menores reclutados deben ser protegidos de acciones militares y que se deben tomar precauciones para evitar el uso excesivo de la fuerza.
La funcionaria también hizo hincapié en que la responsabilidad por la muerte de estos menores en los bombardeos recae en los grupos armados, específicamente el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC. Agregó que el reclutamiento de menores se considera un crimen de guerra y alertó que el uso de niños como escudos humanos por parte de estas estructuras es un claro señalamiento de la gravedad de la situación.
El presidente Petro, quien asumió la presidencia en agosto de 2022 con la intención de avanzar hacia un proceso de paz, reconoció que los bombardeos implican riesgos. Por su parte, el ministro de Defensa reiteró que aquellos que participan en hostilidades pierden toda protección, sin excepciones.
DCN/Agencias