Organizaciones políticas y defensores de Derechos Humanos han señalado que el reciente decreto de estado de conmoción exterior anunciado por el gobierno podría ser un pretexto para incrementar la represión en el país.
El partido Primero Justicia (PJ) afirmó en redes sociales que Venezuela se encuentra en un «estado de excepción permanente», el cual ha sido utilizado para «perseguir, encarcelar y silenciar» a quienes tienen opiniones divergentes. Aseguran que el presidente Nicolás Maduro intenta justificar más control con esta nueva medida.
El lunes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez comunicó que Maduro había firmado oficialmente el decreto, planteando que entraría en vigor ante posibles agresiones de Estados Unidos. A su vez, el presidente indicó que se iniciaría un proceso de consulta popular respecto a esta medida. Hasta el momento, el decreto no ha sido publicado en la Gaceta Oficial.
Este estado de conmoción exterior está regulado por los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución, y se puede activar ante situaciones que amenacen la seguridad de la nación y sus ciudadanos.
El activista Rafael Uzcátegui destacó que esta situación podría servir al gobierno para ganar apoyo al presentarse como víctima, mientras que la restricción de derechos durante el estado de excepción podría afectar a la población en general, y no a un posible agresor extranjero.
La ONG Acceso a la Justicia aclaró que el decreto podrá durar 90 días, prorrogables, y permitirá al gobierno restringir ciertas garantías constitucionales. También podrán cerrar fronteras, tomar infraestructuras y realizar erogaciones no previstas en el presupuesto.
Asimismo, Provea advirtió que la posible declaración de este estado, junto al decreto que crea Áreas de Defensa Integral, podría provocar más abusos y militarización en el país. El dirigente Andrés Velásquez agregó que la verdadera conmoción en Venezuela reside en la precaria situación económica.
DCN/Agencias