La "diosa de la riqueza" cae en las garras de la justicia británica
En un impactante giro de los acontecimientos, la justicia del Reino Unido ha sentenciado a Zhimin Qian, conocida como la “diosa de la riqueza”, por ser la cabecilla de una de las estafas de criptomonedas más grandes jamás registradas. La Policía Metropolitana de Londres ha logrado recuperar nada menos que 61,000 bitcoins, un monto que supera los 6.7 mil millones de dólares, marcando un récord mundial en la incautación de criptomonedas.
La noticia fue anunciada en el Tribunal de la Corona de Southwark, donde Qian aceptó que adquirió bitcoins de forma ilegal. La investigación, que se extendió por siete años y cruzó varias fronteras, desmanteló una vasta red de lavado de dinero que comenzó con una alerta sobre la transferencia de activos provenientes de delitos, según informa la BBC.
La estafa que dejó a China y al mundo con los ojos abiertos
Entre 2014 y 2017, Zhimin Qian dirigió una estafa monumental en China que engañó a más de 128,000 personas. Los fondos robados fueron transformados en bitcoins y ocultos dentro de una complicada red de operaciones internacionales. Qian efectivamente evadió la justicia; huyó de China utilizando documentos falsificados y se asentó en el Reino Unido, donde utilizó las ganancias mal habidas para comprar propiedades.
La pesquisa que llevó a su captura implicó la colaboración de diversas fuerzas policiales de varios países. Finalmente, su tiempo de libertad llegó a su fin.
También se reveló que Seng Hok Ling, un ciudadano malasio de 47 años, se declaró culpable de estar involucrado en el lavado de dinero. Las autoridades alegan que Ling operaba con criptomonedas en nombre de Qian a sabiendas de que sus acciones permitían la adquisición de bienes obtenidos de manera ilícita.
Este caso ha generado un gran revuelo no solo en el ámbito financiero, sino también sobre la seguridad de las criptomonedas en todo el mundo, lo que pone en tela de juicio la regulación de estas innovadoras pero riesgosas formas de inversión. Las implicaciones del caso son vastas y podrían marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen digital.
DCN/Agencias