En la Unión Europea, las mujeres continúan percibiendo un salario promedio un 12% inferior al de los hombres, según Eurostat. A pesar de numerosos esfuerzos y políticas, la brecha salarial de género sigue presente. Para combatir esta desigualdad, la UE ha lanzado en 2023 una nueva directiva de transparencia salarial, que busca asegurar el principio de «igual remuneración por trabajo de igual valor».
Esta normativa exige a los Estados miembros adecuar su legislación antes del 7 de junio de 2026. La medida facilitará que los trabajadores conozcan los rangos salariales antes de postularse y obligará a las empresas a justificar disparidades salariales significativas. El objetivo es eliminar el secretismo en torno a los salarios, lo que ha contribuido a perpetuar la desigualdad en el mercado laboral europeo.
Sin embargo, a más de un año del plazo, el avance es desigual. Según un informe de Addleshaw Goddard de septiembre de 2025, 10 de los 27 países aún no han tomado medidas concretas para implementar la directiva. Entre ellos, están Austria, Italia, Grecia, Dinamarca, Hungría y Portugal. Otros ocho países, como España y Francia, están trabajando en proyectos de ley aún no aprobados, mientras que en cuatro países, incluidos Irlanda y Suecia, los textos ya han sido publicados. Bélgica, Malta y Polonia están haciendo progresos parciales, y Alemania está actualizando su legislación.
Expertos señalan que el retraso no proviene de la resistencia política, sino de la magnitud del cambio que se requiere. La aplicación práctica de la directiva exigirá una transformación en cómo las empresas manejan y reportan la información salarial. El contexto político y económico actual, marcado por inestabilidad, también ha complicado el avance de estas reformas. Bruselas sostiene que la transparencia salarial es clave no solo para la equidad, sino también para mejorar la productividad y el crecimiento económico en el futuro.
DCN/Agencias