El cierre gubernamental en EE. UU. se extenderá y complica la agenda política
El cierre parcial del gobierno de EE. UU. continúa afectando a unas 750.000 personas y se espera que dure al menos hasta la próxima semana, tras la falta de avances en las negociaciones entre demócratas y republicanos en el Senado.
Este viernes, se llevará a cabo la cuarta votación en el Senado sobre un proyecto de presupuesto enviado por la Cámara de Representantes, dominada por republicanos, que busca financiar el gobierno hasta el 21 de septiembre. Sin embargo, los republicanos, que tienen 53 escaños en el Senado, requieren de 60 votos a favor para aprobarla, un objetivo complicado de alcanzar.
El conflicto se centra en la cobertura sanitaria pública, conocida como Obamacare. Los republicanos proponen discutir la extensión de subsidios y restringir el acceso de migrantes indocumentados a estos beneficios. En contraste, los demócratas demandan revertir los recortes a los subsidios implementados por la administración de Donald Trump y renegociar un nuevo plan desde cero.
El sistema actual, ampliado durante la pandemia de COVID-19, beneficia a cerca de 50 millones de estadounidenses, y su posible vencimiento a finales de año podría disparar los costos de pólizas para muchas familias. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, comentó que el estancamiento se debe a las intenciones de los republicanos de incrementar los costos de salud de manera excesiva.
Schumer enfrenta también presión interna de activistas progresistas. Por su parte, el líder de la mayoría republicana, John Thune, sugirió en redes sociales que algunos demócratas moderados podrían facilitar la apertura del gobierno.
Mientras tanto, el expresidente Donald Trump ha intervenido en el debate con comentarios irónicos y publicaciones en redes sociales, ejerciendo presión política y buscando influir en la situación.
El cierre ha causado la suspensión de informes económicos cruciales, como el informe de empleo del Departamento de Trabajo, dificultando la toma de decisiones de legisladores y empresarios. Economistas alertan que una prolongación del cierre podría afectar la confianza del consumidor y complicar programas esenciales.
DCN/Agencias
