El Alto Comisionado de la ONU denuncia que los ataques de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico contravienen el derecho internacional

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció este viernes que los bombardeos de Estados Unidos a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico constituyen una violación del derecho internacional de los derechos humanos.

En un comunicado oficial, Türk informó que más de 60 personas han muerto en ataques de las fuerzas armadas estadounidenses desde principios de septiembre y enfatizó que estas acciones no tienen justificación legal. Describió las acciones como “inaceptables” y solicitó al gobierno de EE.UU. que detenga estos operativos y evite ejecuciones extrajudiciales, subrayando que, sin importar las acusaciones de conducta criminal, quienes están a bordo de esas embarcaciones tienen derecho a la vida y al debido proceso.

Washington ha defendido sus bombardeos como parte de una estrategia antidrogas y antiterrorista, argumentando que están respaldadas por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, Türk aclaró que la lucha contra el narcotráfico es un tema de orden público, regulado por límites estrictos sobre el uso de la fuerza letal establecidos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

El Alto Comisionado detalló que el uso intencional de fuerza letal solo se justifica como último recurso ante individuos que representen una amenaza inminente. Según la limitada información proporcionada por las autoridades estadounidenses, los ocupantes de las embarcaciones no parecían representar tal riesgo.

Türk también pidió que se realicen investigaciones independientes, rápidas y transparentes sobre estos ataques y exhortó a EE.UU. a cumplir con los tratados internacionales relacionados con la lucha contra el narcotráfico, a los que también está suscrito. Además, hizo un llamado a las autoridades para que empleen métodos policiales establecidos para interceptar embarcaciones y detener a sospechosos, asegurando el debido proceso y el derecho a un juicio justo.

DCN/Agencias

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