El plan iniciado en 2019 para devolver empresas del Estado venezolano al sector privado avanza lentamente. Hasta ahora, los voceros gremiales han hecho declaraciones esporádicas sobre la entrega de activos, pero no hay información oficial clara. Fuentes confiables indican que no se están privatizando las empresas ni regresando a sus antiguos dueños, sino que se trata de traspasos en concesión.
Según informaciones, los activos ya expropiados son aquellos que pueden ser gestionados por privados, manteniendo el Estado la propiedad y concediéndolos por periodos de 5 a 20 años. Se trata de alianzas entre el sector público y privado para captar inversiones que permitan la revitalización de estas empresas.
Representantes del gobierno argumentan que las concesiones facilitan el proceso, permitiendo que los recursos de los aliados se usen para reactivar operaciones. Las utilidades se compartirían con el Estado. Se han firmado acuerdos con inversionistas tanto nacionales como internacionales, aunque no se ha especificado su origen.
En marzo de 2022, se mencionó que empresas bajo control del Estado se devolverían, pero hasta la fecha, esa información no ha sido divulgada oficialmente. El único caso conocido públicamente es el del centro comercial Sambil La Candelaria, que regresó a su antiguo dueño en 2022.
Un informe de Transparencia Venezuela menciona que existen 914 empresas públicas, de las cuales 692 están bajo el control del gobierno nacional. Se estima que para noviembre de 2024, se planea transferir entre 500 y 600 empresas públicas, destacándose que, hasta ahora, solo se han concretado traspasos en concesión.
El traspaso se está llevando a cabo principalmente en el sector industrial, aunque se están considerando empresas comerciales. Las conversaciones están orientadas a fortalecer la gestión privada como método para mejorar la productividad y el crecimiento económico en el país.
DCN/Agencias