El abogado laboralista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, León Arismendi, destacó que las liquidaciones en el país han evolucionado hacia un proceso complicado y lleno de incertidumbre, debido a la variedad de criterios legales y la falta de claridad normativa.
Arismendi explicó en una entrevista con Fedecámaras Radio que la Ley Orgánica del Trabajo contempla dos métodos para el cálculo de prestaciones sociales: el sistema acumulativo y el retroactivo, que deben analizarse al momento de finalizar la relación laboral. El sistema acumulativo, creado en 1997, exige al empleador abonar cada trimestre 15 días de salario a la cuenta del trabajador. Al final del año, este monto se suma y debe constar en la contabilidad de la empresa.
Cuando se termina la relación laboral, el empleador debe comparar el total acumulado con el cálculo del último salario por los años de servicio, debiendo pagar la mayor cantidad entre ambos montos.
Arismendi indicó que, en la mayoría de los casos, el sistema retroactivo suele ser más beneficioso. Esto se debe a que los abonos trimestrales no se ajustan a la inflación, lo que genera frecuentemente controversias laborales, sobre todo en escenarios inflacionarios donde el poder adquisitivo se ve afectado.
Otro aspecto que genera confusiones son las bonificaciones. En el sector público, se otorgan bonos adicionales, mientras que en el sector privado, muchas empresas están optando por pagar en divisas para retener personal. Sin embargo, esto ha generado debates sobre si dichos pagos deben considerarse salario para efectos de prestaciones e indemnizaciones.
Arismendi concluyó que la falta de claridad y las diversas prácticas han creado un ambiente incierto tanto para empleadores como para trabajadores.
DCN/Agencias