El Congreso de Bolivia aprobó en la madrugada del viernes una ley que permite, por un periodo de tres meses, la importación de combustibles por parte de operadores privados. Esta medida busca hacer frente a la escasez de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (GLP) que actualmente afecta al país.
Hasta ahora, la compra de carburantes estaba en manos de la estatal YPFB, que los adquiría a precio internacional y los distribuía a precio subsidiado. Sin embargo, la falta de divisas ha causado irregularidades en el abastecimiento.
Según un comunicado de la Cámara de Diputados, esta norma tiene como objetivo implementar estrategias excepcionales para facilitar la importación e internación de combustibles por parte del sector privado, garantizando el suministro ante emergencias. La iniciativa surgió a raíz de un mecanismo de iniciativa ciudadana promovido por gremios empresariales y comités cívicos. Stello Cochamanidis, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, comentó sobre las largas colas en las estaciones de servicio, indicando que la situación es insostenible.
Con la nueva legislación, tanto personas como empresas podrán importar combustibles sin pagar impuestos, bajo la supervisión del Estado. La distribución se llevará a cabo a precio de mercado, solo si el gobierno no logra satisfacer la totalidad de la demanda interna.
Bolivia enfrenta una crisis económica severa, en parte debido al esquema de subsidios a los combustibles. El presidente Luis Arce, quien dejará el cargo el 8 de noviembre, ha agotado gran parte de las reservas internacionales para sostener esta política. La inflación interanual alcanzó más del 23%, y el Banco Mundial anticipa una contracción que podría durar hasta 2027.
El presidente electo, Rodrigo Paz, anunció su intención de reducir gradualmente las subvenciones, aunque mantendrá los precios congelados para el transporte público. Asumirá el cargo el 8 de noviembre con el desafío inmediato de estabilizar el abastecimiento energético sin afectar aún más el costo de vida.
DCN/Agencias