Abogado de Cristina Fernández acusa a Javier Milei de «abuso de autoridad»
El abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, presentó el lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por «abuso de autoridad». Esta denuncia surge tras declaraciones de Milei, quien afirmó haber tomado la decisión de que Fernández fuera presa.
En el documento, Dalbón acusa a Milei de violar el artículo 248 del Código Penal argentino. Las palabras de Milei, difundidas en una entrevista el domingo en el canal La Nación+, destacaron que «soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa». Además, el presidente se refirió a su decisión como una «venganza» relacionada con la renuncia de José Luis Espert, un político vinculado a un escándalo de narcotráfico.
Durante la entrevista, tras ser advertido sobre la intromisión en cuestiones judiciales, Milei añadió: «Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia, hubiera arreglado que no la metan presa». Estas afirmaciones llevaron a Dalbón a argumentar que Milei incurrió en un acto de autoridad ilegal, ya que la decisión de detener a alguien corresponde únicamente a los jueces.
La denuncia señala que las declaraciones de Milei constituyen una violación del deber constitucional de no intervenir en procesos judiciales, y sugiere que esto es indicativo de abuso de autoridad. Por ello, Dalbón solicitó que se cite a Milei y que se remita una copia de la denuncia a la Cámara de Diputados para evaluar la apertura de un juicio político en su contra.
El texto califica el episodio como un «acto de gravedad institucional», enfatizando que la simple afirmación de haber tomado la «decisión» de privar de libertad a una persona indica intromisión y presión sobre el Poder Judicial.
Cabe recordar que en junio de este año, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras viales. Desde entonces, la expresidenta se encuentra bajo arresto domiciliario en Buenos Aires, mientras que el peronismo argumenta que es víctima de «lawfare», señalando una instrumentalización de la Justicia por parte de adversarios políticos.
DCN/Agencias
