Una joven venezolana enfrenta una posible condena de 20 a 30 años de cárcel por su implicación en el secuestro de una bebé recién nacida. La acusada, Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, de 20 años, se encuentra bajo custodia de las autoridades desde su captura en Trujillo, Perú, donde presuntamente se hizo pasar por enfermera del hospital Belén para sustraer a la niña.
Según informes policiales, la mujer planeó el engaño, logrando tomar a la bebé de los brazos de su madre. Hernández aparentemente tenía un objetivo inusual detrás de su acción: pretendía retener a su pareja haciendo creer que estaba embarazada, utilizando a la bebé como una supuesta hija.
El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, mencionó que la acusada superó dos filtros de seguridad en el hospital antes de llevarse a la infante. Dada la gravedad del delito, las autoridades han solicitado que sea sancionada con la pena máxima, que podría alcanzar cadena perpetua.
Hernández enfrenta cargos por secuestro, y la policía no descarta la posibilidad de que esté relacionada con una red de trata de personas. La situación ha encendido alarmas entre los cuerpos de seguridad, en un contexto donde la trata de personas ha aumentado en Perú, especialmente en regiones fronterizas.
Lupe Gómez, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, explicó que la trata de personas implica la captación, retención y traslado de individuos mediante engaños o coerción, con el fin de explotarlos laboral o sexualmente. El caso de Hernández ha resaltado la vulnerabilidad de los infantes en este tipo de delitos.
Las autoridades están investigando si actuó sola o con cómplices, y existe preocupación sobre la posible conexión con bandas especializadas en el tráfico humano. Casos anteriores han revelado cómo redes criminales utilizan el secuestro de menores para coaccionar a sus familiares.
En un incidente relacionado, una mujer venezolana que fue víctima de trata de personas en Perú compartió su experiencia, indicando que había sido explotada sexualmente bajo amenazas mientras sus hijas permanecían cautivas. Este caso subraya la complejidad del problema y la necesidad de un enfoque más riguroso para combatir el tráfico humano en la región.
DCN/Agencias