Misión de la ONU en Venezuela revela un alarmante aumento de torturas tras las elecciones presidenciales.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela presentó un informe que indica un aumento en la persecución política en el país. Este documento se dará a conocer en el Consejo de Derechos Humanos y señala que las víctimas dependen de la comunidad internacional para buscar justicia.
El informe detalla la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Según la Misión, de las 25 muertes en protestas entre el 29 y 30 de julio, al menos 12 involucraron a cuerpos de seguridad. En Maracay, efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército dispararon a los manifestantes, dejando seis muertos, uno de ellos por un disparo a corta distancia.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, criticó la falta de avance en las investigaciones por parte de la Fiscalía, que originalmente había exonerado a las fuerzas de seguridad y culpado a la oposición. La Misión, sin embargo, sostiene que hay evidencias de responsabilidad del Estado en estas muertes, que siguen sin esclarecerse.
Asimismo, investigaron cinco muertes de personas detenidas en 2024 y 2025, encontrando que no se les brindó atención médica adecuada, lo que se tradujo en tratos crueles y degradantes. Patricia Tappatá, otra experta de la Misión, afirmó que estas muertes constituyen privaciones arbitrarias de vida y resaltó la falta de investigaciones adecuadas por parte de instituciones estatales.
Aunque 2.006 de las 2.220 personas detenidas durante las protestas fueron liberadas, la represión persiste con al menos 200 nuevas detenciones en 2025 de opositores percibidos. Además, un número sin precedentes de extranjeros ha sido detenido, en algunos casos bajo condiciones de incomunicación prolongada, lo que constituye desapariciones forzadas.
El informe también reporta que 220 niños y adolescentes, de entre 13 y 17 años, fueron detenidos, sufriendo tratos crueles y violaciones a su debido proceso. Francisco Cox, otro experto de la Misión, destacó que las detenciones se realizan sin orden judicial y con la participación de sujetos enmascarados.
Los cuerpos de seguridad emplearon métodos de tortura física y psicológica, y se ignoraron las denuncias ante los tribunales y otras instituciones. La situación de la sociedad civil se ve igualmente afectada por nuevas leyes que limitan la operación de ONG, reforzando la maquinaria represiva del Estado. Valiñas concluyó que persiste un “crimen de persecución” en Venezuela, sin que haya acción por parte de las autoridades nacionales.
DCN/Agencias
