Más de 260 religiosos, incluidos obispos, fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega.
Al menos 261 religiosos, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, han sido desterrados del país, según un informe de la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más. Este documento, titulado «Fe bajo fuego», detalla la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense.
Además de Herrera, se han expulsado a los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora, así como al nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, y cerca de 140 sacerdotes de diversas diócesis. La lista también incluye más de 90 religiosas, más de diez seminaristas y tres diáconos.
Desde la expulsión del nuncio en marzo de 2022, las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano han empeorado notablemente, según la ONG.
Entre 2018 y 2025, el Gobierno sandinista ha cerrado 5.609 asociaciones sin fines de lucro, de las cuales 1.294 son religiosas. Muchas de estas organizaciones, que operaban como iglesias, universidades, colegios y clínicas, han sido despojadas de sus bienes.
Asimismo, el Instituto de Telecomunicaciones ha cerrado al menos 54 medios de comunicación, de los cuales 22 eran religiosos, incluyendo canales de televisión y emisoras de radio. La represión también ha afectado a otras denominaciones, con el cierre de universidades y la persecución de pastores y líderes evangélicos.
El informe destaca que las iglesias, especialmente la católica, desempeñaron un papel importante como mediadores en el fallido diálogo nacional de 2018. Su postura de no apoyar al Gobierno los llevó a ser considerados una amenaza para el régimen.
Las relaciones entre el Vaticano y Managua se han caracterizado por la confrontación, especialmente desde que en marzo de 2023 el papa Francisco calificó al régimen de Ortega como una «dictadura grosera». Esto sigue al caso del obispo Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión. Ortega ha disuelto a la Compañía de Jesús y ha criticado a la Iglesia, tildándola de «mafia» y antidemocrática.
DCN/Agencias
