El 23 de septiembre, Nicolás Maduro, en compañía de líderes de los poderes públicos, analizó la posibilidad de declarar el estado de conmoción exterior en Venezuela. Esta medida, contemplada en el artículo 338 de la Constitución de 1999, se justifica ante el incremento de la actividad militar de Estados Unidos en el mar Caribe, próximo a las costas venezolanas. Maduro enfatizó la necesidad de que la nación esté unida para enfrentar cualquier potencial amenaza.
El estado de conmoción exterior se decreta en circunstancias de conflicto externo que puedan comprometer la seguridad de la nación y sus ciudadanos. Este estado puede durar hasta 90 días, con posibilidad de prórroga de otros 90 días, siempre con autorización parlamentaria. Además, otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios, como la movilización de tropas, restricción de derechos civiles y control sobre los medios de comunicación.
Desde 2016, el gobierno ha recurrido a estados de excepción, incluyendo el de emergencia económica, que ha estado en vigor de manera continua para enfrentar la crisis. En 2020, se aplicó el estado de alarma debido a la pandemia, que impuso restricciones severas a la movilidad.
A pesar de que no se declaró formalmente el estado de conmoción interior en 2017 durante protestas, se usaron tácticas similares. La potencial activación del estado de conmoción exterior en 2025 marcaría un hito en la respuesta del gobierno a tensiones externas.
Expertos y críticos advierten que este decreto podría servir para limitar libertades civiles y aumentar la censura, creando un entorno de mayor control militar en la vida social y política del país. A nivel internacional, podría tensar las relaciones con Estados Unidos, a la vez que fortalecería vínculos con aliados como Rusia, China e Irán.
DCN/Agencias