
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó el viernes su inquietud ante las declaraciones de funcionarios del Gobierno de Donald Trump sobre la posible revocación de licencias a medios que critiquen su administración.
El jueves, Trump sugirió que las cadenas que lo cubran de forma «negativa» deberían perder su licencia. Afirmó que «lo único que hacen es golpear a Trump» y señaló que estas emisoras actúan como «un brazo del Partido Demócrata».
Por su parte, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, indicó que los radiodifusores tienen la «obligación» de operar en el interés público, enfatizando que la FCC ha dejado de hacer cumplir esa normativa.
La SIP destacó en un comunicado que ABC suspendió el programa ¡Jimmy Kimmel Live! tras la presión ejercida sobre algunas televisoras afiliadas para que lo retiraran de su programación.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, comentó que la sugerencia de que un Gobierno pueda revocar licencias por informes críticos es una forma inaceptable de censura. Aseguró que esta amenaza puede llevar a la autocensura y empobrecer el discurso público.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, añadió que usar el poder regulatorio contra los medios debilita las instituciones democráticas y silencia voces. Subrayó que el libre flujo de información, incluida la crítica, es un derecho fundamental y no un privilegio estatal.
La SIP también indicó que la revocación o renovación condicionada de licencias en función del contenido editorial contradice la Declaración de Chapultepec. Criticó que aspectos como las políticas arancelarias, las licencias para la importación de papel o equipos informativos y la publicidad estatal no deben ser utilizados para premiar o castigar a medios o periodistas.
El expresidente ya había interpuesto acciones legales contra medios como CBS y Disney, alcanzando acuerdos extrajudiciales millonarios. También demandó al Wall Street Journal y al New York Times por difamación, siendo esta última demanda desestimada por un juez federal, que le otorgó a Trump un plazo de 28 días para presentar una versión revisada.
DCN/Agencias