
La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, solicitó al Poder Judicial que declare «la ilegalidad» del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Esta petición se fundamenta en una demanda presentada por una ciudadana en marzo, respaldada por información y pruebas recopiladas por la Fiscalía.
Espinoza acusó a Fuerza Popular de «vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales», así como de promover ataques contra magistrados, funcionarios, opositores, periodistas y medios independientes. Según la fiscal, el partido persigue a individuos por su función pública, posición política o profesión, excluyendo a congresistas de su bancada por disidencia política.
También se menciona que Fuerza Popular minimiza atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000) y justifica la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos. Espinoza afirmó que estas acciones están claramente prohibidas en la Ley de Organizaciones Políticas de Perú.
En su denuncia, solicita la cancelación de la inscripción de Fuerza Popular en el Registro de Organizaciones Políticas y su exclusión de las elecciones generales del próximo año.
Ante esta situación, Keiko Fujimori, que ha aspirado a la presidencia en tres ocasiones, consideró que la solicitud es un «pedido abiertamente antidemocrático» y una «cortina de humo» de la Fiscalía. En su cuenta de X, aseguró que confía en que esta solicitud no prosperará y alertó a la comunidad internacional sobre lo que considera un atentado contra la democracia.
Además, expresó su preocupación por cómo la fiscal continúa afectando a su institución, en lugar de centrarse en la delincuencia que afecta a los ciudadanos peruanos.
DCN/Agencias