Implicaciones del decreto de estado de conmoción exterior
Este martes 23 de septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en Caracas la posible declaración de un estado de conmoción exterior en el país. Esta medida se basa en el artículo 338 de la Constitución, que autoriza dicha acción ante amenazas externas, particularmente por las acciones de Estados Unidos en el Caribe.
El estado de conmoción exterior es un mecanismo legal que permite a los gobiernos responder a crisis que puedan poner en peligro la seguridad nacional. Su activación posibilita que las autoridades adopten medidas rápidas para restablecer el orden y proteger a la ciudadanía. Esta figura puede declararse ante circunstancias como conflictos armados, invasiones o desastres naturales.
El artículo 338 establece que el estado de conmoción exterior puede durar hasta noventa días, prorrogables con el aval de la Asamblea Nacional. Si es decretado, confiere al presidente más autoridad para implementar medidas que pueden restringir ciertos derechos civiles.
Asimismo, el artículo 339 aclara que este estado no interrumpe el funcionamiento de los Poderes Públicos, garantizando la continuidad del gobierno y el estado de derecho.
Entre las posibles consecuencias del estado de conmoción exterior se encuentran restricciones a los derechos fundamentales, una mayor concentración de poder en el ejecutivo, impactos negativos en la economía, y un incremento en la presencia militar para mantener el orden interno.
La declaración de este estado se presenta como una herramienta legal crucial para abordar crisis, buscando equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos de los ciudadanos.
DCN/Agencias
