Fiscalía de la CPI imputa a Rodrigo Duterte por tres crímenes de lesa humanidad en Filipinas
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) formalizó la acusación contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, presentándole tres cargos de crímenes de lesa humanidad. Según el informe, Duterte habría estado involucrado en el asesinato de 76 personas durante su polémica guerra contra las drogas. La audiencia que se había fijado para este martes ha sido aplazada.
La CPI afirma que Duterte es «responsable penalmente a título individual» de estos crímenes, actuando como «coautor indirecto». Se le acusa de ordenar, inducir y facilitar la ejecución de asesinatos, consciente de su autoridad sobre los perpetradores.
Los crímenes en cuestión ocurrieron entre noviembre de 2011 y marzo de 2019. La CPI señala que Duterte operó a través del Escuadrón de la Muerte de Davao y luego amplió su acción a una red nacional compuesta por policías, agentes antidrogas y sicarios contratados para llevar a cabo ejecuciones.
Los tres cargos principales incluyen: el asesinato de al menos 19 personas en Davao durante su tiempo como alcalde; el asesinato de 14 «objetivos de alto valor» acusados de narcotráfico al inicio de su presidencia; y 45 asesinatos e intentos de asesinato durante operaciones de «limpieza» en comunidades entre 2016 y 2018.
El primero de estos cargos, según la fiscal de la CPI Mame Mandiaye Niang, se refiere a la orden de matanza de 19 individuos entre 2013 y 2016 en Davao. Esta ciudad sirvió como punto de partida para la guerra contra las drogas que Duterte llevó a cabo a nivel nacional durante su mandato.
Los otros dos cargos están relacionados con el asesinato de 57 personas, de las cuales un tercio fueron considerados objetivos de alto valor, con incentivos monetarios ofrecidos a quienes lograran sus muertes. Este periodo abarca desde el inicio de su mandato hasta 2019, cuando Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma de la CPI.
La CPI había emitido una orden de arresto contra Duterte en marzo y este compareció ante los jueces, fijándose una audiencia para confirmar los cargos. Sin embargo, el 8 de septiembre, el tribunal determinó que el proceso debía posponerse, después de que la defensa alegara que el exmandatario no estaba en condiciones de ser juzgado. Si se confirma su capacidad, el procedimiento podría reanudarse de inmediato, ya que la Fiscalía ya presentó pruebas y documentos.
DCN/Agencias
