Provea y grupos comunitarios respaldan a Martha Lía Grajales y demandan su liberación tras la imputación en su contra
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y grupos comunitarios se manifestaron este lunes en rechazo a la imputación del Ministerio Público contra Martha Lía Grajales, miembro del colectivo de derechos humanos Surgentes. La activista enfrenta acusaciones por “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir”.
Grajales fue detenida por las fuerzas de seguridad del Estado el viernes 8 de agosto, en Los Palos Grandes, tras participar en un acto solidario con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. La abogada, que tiene vínculos con agrupaciones chavistas, había denunciado previamente agresiones sufridas por familiares de presos políticos en Caracas.
La ONG Provea expresó preocupación por la falta de información sobre las condiciones de reclusión de Grajales, después de 72 horas, así como por la negación de su derecho a comunicarse con sus familiares y contar con un abogado de confianza, en contravención de lo establecido en el artículo 44 de la Constitución. Provea también destacó que la escasa información del Ministerio Público se dio tras reiteradas denuncias de sus familiares y activistas sobre su posible desaparición forzada.
Antonio González, esposo de Grajales, señaló que se encontraba en la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, donde se le ha negado el acceso.
Grupos de La Vega, respaldando a Grajales, se reunieron en la urbanización Kaikaishi. Gerogina Castillo, del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, destacó el trabajo de Grajales en defensa de la comunidad, pidiendo su liberación inmediata. Los sectores gubernamentales, por su parte, justificaron su detención aludiendo a infiltraciones en los movimientos de izquierda.
DCN/Agencias
