La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Zelle, acusando a la plataforma de pagos electrónicos de omitir la implementación de medidas de seguridad cruciales. Esto habría permitido que estafadores robaran más de 1.000 millones de dólares a consumidores.
La demanda se interpuso en un tribunal estatal de Manhattan, después de que en marzo la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) decidiera archivar un caso similar. Se señala que, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., este organismo ha reducido su supervisión y sanciones.
Zelle, lanzada en 2017, compite con aplicaciones como Venmo y Cash App. Es propiedad de Early Warning Services, que a su vez pertenece a siete grandes bancos estadounidenses: Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC, Truist, US Bank y Wells Fargo.
James afirma que tanto la empresa matriz como los bancos eran conscientes de las vulnerabilidades de la plataforma desde hace años, pero no implementaron protecciones adecuadas. Se alega que, en algunos casos, los bancos ignoraron las quejas de los usuarios y que Zelle permitió que los estafadores siguieran operando.
Zelle defendió su posición argumentando que la mayoría de las estafas ocurren cuando delincuentes engañan a los usuarios, y aseguró que más del 99,95 % de las transacciones se realizan sin reportes de fraude. También enfatizó que la demanda es un intento político más que una búsqueda de soluciones.
No obstante, la demanda no incluye a los siete bancos que son dueños de Early Warning Services.
Según la fiscalía, los fraudes comunes incluyen el acceso no autorizado a cuentas, engaños para pagar servicios ficticios y suplantaciones de identidad. Casos específicos incluyen amenazas para pagar facturas eléctricas y estafas relacionadas con la compra de cachorros.
DCN/Agencias