La oposición ecuatoriana califica el ataque a la Corte Constitucional como una «alerta de autoritarismo»
Alberto News – Caracas, 12 de agosto del 2025. El movimiento indígena de Ecuador y el correísmo manifestaron su rechazo este martes a las amenazas y ataques dirigidos a la Corte Constitucional, en el marco de una marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa, en respuesta a la suspensión parcial de tres leyes controvertidas.
La asambleísta Viviana Veloz, líder del bloque correísta en la Asamblea Nacional, criticó la colocación de vallas en Quito mostrando los rostros de los jueces, acusándolos de «robar la paz» y considerándolo un acto de «grave intimidación». Veloz afirmó que esta acción es evidencia de que el Gobierno está dispuesto a sobrepasar límites éticos y legales para someter a sus oponentes.
El expresidente Rafael Correa también se pronunció, señalando que si bien es necesario tener «contrapesos democráticos» en el tribunal constitucional, destituirlo por simple mayoría legislativa es «una locura». Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, criticó la manifestación y sostuvo que «la Constitución no se debilita con shows políticos».
El presidente Noboa lideró la marcha contra la Corte, el único poder que hasta ahora no se ha sometido a sus presiones, en rechazo a la decisión de suspender varios artículos de leyes que el Gobierno considera cruciales para enfrentar la criminalidad, pero que han recibido numerosas críticas de organizaciones sociales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) expresó en un comunicado que la presión sobre los jueces es propia de «regímenes autoritarios» y precisó que esta «ofensiva» busca influir en sus decisiones respecto a leyes que atentan contra los derechos de los pueblos y la ciudadanía.
La Conaie convocó a la unidad de los pueblos y sectores democráticos para defender la independencia y frenar el avance del autoritarismo. Además, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, integrada por varias agrupaciones, rechazó el «hostigamiento del Gobierno» a la Corte Constitucional, alertando que esto pone en riesgo el estado de derecho y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
DCN/Agencias