Los nuevos alcaldes y concejales electos el 27 de julio enfrentarán desafíos en la gestión de sus presupuestos debido a la inflación y devaluación. Las restricciones que afectan a las empresas petroleras extranjeras también impactarán las finanzas de los gobiernos locales por la disminución de ingresos al Fisco y la reducción en los recursos del situado constitucional.
La incertidumbre económica se acentuó tras la salida de Chevron, Eni y Repsol en mayo, cuando Estados Unidos decidió no renovar las licencias para operar. Expertos advierten de una posible baja en la producción y menores divisas en el mercado cambiario, lo que podría presionar aún más el tipo de cambio y los precios de bienes y servicios.
Sin embargo, la situación para el segundo semestre se presenta más optimista para el sector petrolero. El 24 de julio, se confirmó la reanudación de las actividades de Chevron en el país, tras un anuncio del presidente estadounidense Donald Trump que permite nuevamente la operación de empresas petroleras extranjeras en Venezuela. Nicolás Maduro también corroboró esta información y extendió una invitación a las empresas internacionales.
Según la consultora Ecoanalítica, el regreso de Chevron podría generar un impacto significativo en la economía, con un flujo de divisas que facilitaría las importaciones. Aunque se espera que la producción se mantenga por encima de un millón de barriles diarios, las restricciones fiscales continuarían, limitando el presupuesto de los entes estatales.
Pese a la posible estabilidad en los recursos, los gobiernos regionales deberán manejar sus presupuestos con cautela. Las alcaldías han visto un aumento en la recaudación de impuestos municipales, aunque gremios han advertido sobre el incremento excesivo de los tributos.
La distribución del situado constitucional, una transferencia de fondos del poder central a las gobernaciones y alcaldías, también ha sido cuestionada. Este recurso, catalogado como «ingresos extraordinarios», ha limitado los fondos disponibles para las regiones, que recibirán un 7% más que el año anterior.
Para 2025, se proyecta que las regiones recibirán 60.592 millones de bolívares por situado constitucional, un monto que sigue siendo insuficiente respecto a lo que les correspondería por ley, sugiriendo una necesidad latente de revisar esta distribución en el futuro.
DCN/Agencias