El Tribunal Supremo niega la prisión provisional a Bolsonaro a pesar de una «irregularidad» en sus medidas cautelares.

El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido no aplicar prisión provisional al expresidente Jair Bolsonaro, a pesar de haber cometido una «irregularidad aislada» vinculada a la prohibición de uso de redes sociales. Esta restricción fue impuesta como parte de medidas cautelares debido a su supuesta implicación en la financiación de un plan para obstaculizar desde Estados Unidos su proceso por golpe de Estado.

La defensa de Bolsonaro argumentó que no fue él quien accedió a sus cuentas en redes sociales, sino que terceros actuaron en su nombre. El juez Alexandre de Moraes aceptó estas afirmaciones y, por lo tanto, no se tomó la decisión de encarcelarlo.

Sin embargo, Moraes advirtió que cualquier nueva infracción resultaría en la transformación inmediata de las medidas cautelares, que incluyen el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de acercarse a embajadas y utilizar redes sociales, en prisión preventiva.

El juez también aclaró que Bolsonaro no tiene prohibido conceder entrevistas o participar en eventos políticos, pero no podrá replicar mensajes relacionados con las declaraciones que lo involucran en el caso que enfrenta. Se considerará como infracción publicar contenido en redes sociales bajo su coordinación, especialmente si se busca difundir desinformación.

La Policía registró la residencia de Bolsonaro en Brasilia debido a su presunta responsabilidad en la financiación de actividades en Estados Unidos para abogar por aranceles y sanciones contra autoridades brasileñas, incluyendo jueces del Tribunal Supremo a quienes Estados Unidos ha revocado sus visados.

Los investigadores sostienen que Bolsonaro ha destinado hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña desde marzo a favor de estas sanciones.

Recientemente, la Fiscalía solicitó que Bolsonaro sea declarado culpable en el juicio por golpe de Estado, lo que podría conllevar penas de hasta 40 años de prisión y su inhabilitación indefinida para ejercer cargos públicos.

Bolsonaro y otras siete personas están siendo acusados de conformar el núcleo central de una trama golpista que buscó mantenerlo en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Se les imputa asociación criminal, intento de abolir el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio ocurrido durante las protestas del 8 de enero de 2023.

DCN/Agencias

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