Ecuador deporta a más de 800 prisioneros colombianos, desatando una crisis diplomática con Bogotá.
En un operativo significativo, Ecuador deportó a más de 800 presos colombianos a su país de origen a través del puente internacional de Rumichaca, en la provincia del Carchi. Este movimiento ha desencadenado tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.
El gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, llevó a cabo esta acción generando una respuesta airada del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien consideró el hecho como un “gesto inamistoso”. La Cancillería de Colombia emitió una nota de protesta, acusando a Ecuador de actuar “unilateralmente” y de violentar el derecho internacional al no seguir protocolos bilaterales.
Colombia expresó su firme rechazo, indicando que el gesto fue hostil. En contraste, las autoridades ecuatorianas defendieron la legalidad del operativo, asegurando que se enmarca dentro de sus competencias en temas penitenciarios y migratorios. El traslado se realizó bajo rigurosas medidas de seguridad como parte de una estrategia del gobierno para descongestionar su sistema carcelario.
La gobernadora de Carchi, Diana Pozo, quien supervisó el operativo, confirmó que más de 800 personas privadas de libertad fueron deportadas. Según sus declaraciones, los internos, vestidos con uniformes naranjas, fueron custodiados por numerosas fuerzas de seguridad ecuatorianas hasta la frontera con Colombia. Algunos de los deportados, a la espera de ser recibidos, pidieron pasar a Colombia.
El viernes, comenzó la deportación de unos 870 presos colombianos, lo que equivale a alrededor del 60% de la población carcelaria de ese país en Ecuador. La operación fue coordinada con las autoridades migratorias de ambos países para evitar congestiones en el puente.
No obstante, los funcionarios colombianos afirmaron que no fueron informados adecuadamente sobre la repatriación, lo que dificultó la organización de un plan de atención para recibir a los deportados. El secretario de gobierno del municipio de Ipiales, Juan Morales, indicó que debieron improvisar un dispositivo de atención humanitaria. El alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, mencionó que esperan acoger a al menos 1.061 colombianos en este proceso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia enfatizó que la decisión de Ecuador se tomó sin atender solicitudes previas para implementar un protocolo adecuado. Ecuador, por su parte, afirmó que las deportaciones fueron notificadas a Bogotá desde el 8 de julio y que se realizaron respetando los derechos humanos, con revisiones individuales de casos.
DCN/Agencias