La salud de los presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 ha sufrido un notable deterioro en los comandos policiales y militares, los cuales deberían funcionar como lugares de detención preventiva por un máximo de 48 horas, pero, según organizaciones de derechos humanos, estos se han convertido en “centros de reclusión permanentes”.
El Foro Penal reportó 940 detenidos por motivos políticos en el país hasta el 30 de junio, de los cuales 50 permanecen desaparecidos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó que al menos 80 siguen recluidos en esos comandos. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha descrito estos lugares como “sitios de tortura prolongada”, donde miles de personas permanecen semanas, meses o incluso años sin un juicio.
Las condiciones en estos centros son críticas: hacinamiento extremo, escasez de agua, mala ventilación y falta de atención médica. La situación afecta también a las familias de los detenidos, quienes deben llevar comida, agua y medicinas, a menudo enfrentando extorsiones por parte de funcionarios.
En muchos casos, los detenidos ni siquiera han sido presentados ante un tribunal, quedando atrapados en un limbo legal. Ejemplos como el de Mayra Castro, de 47 años, detenida desde el 2 de agosto, ilustran esta situación. A pesar de ser trasladada recientemente a un penal, su salud sigue comprometida. Otros casos, como el de Génesis Riera y Jesús Enrique Barreto, también reflejan la incertidumbre de los presos y sus familias, quienes enfrentan la angustia de la detención sin respuesta judicial.
DCN/Agencias