Colombia enfrenta crisis en su sistema de refugio: 29,500 personas en situación de limbo por colapso del mecanismo, según la Cancillería
La familia Obi, originaria de Nigeria, enfrentó múltiples vulneraciones de derechos al solicitar refugio en Colombia. Según una sentencia de la Corte Constitucional divulgada a finales de junio, se reconoció que necesitaban protección internacional debido a las agresiones del grupo yihadista Boko Haram, que ataca a cristianos y mujeres. En diciembre de 2022, el Estado colombiano les negó el estatus de refugio y no les ofreció un visado alternativo de un año. También se les negó el reconocimiento de la nacionalidad colombiana de su hija menor, nacida en el país y considerada apátrida. Tras varias apelaciones, la familia se trasladó a Canadá, ya que ha pasado mucho tiempo desde su solicitud.
Este caso resalta un problema mayor: Colombia enfrenta una «grave crisis del sistema de refugio». Amnistía Internacional y otras organizaciones denuncian que hay 29,500 solicitudes de refugio pendientes, en su mayoría de venezolanos, y que las demoras han superado los tres años. Mientras tanto, los solicitantes se encuentran en un limbo; aunque tienen un documento para afiliarse al sistema de seguridad social, no hay resolución que les permita trabajar.
El sistema de refugio exige comprobar persecución y riesgo de tortura en el país de origen, y comenzó a saturarse en 2017 con la llegada de venezolanos que huían de la crisis. Las solicitudes aumentaron de 625 en 2017 a 10,220 en 2023, según la Cancillería. Ximena Vidal, del Servicio Jesuita a Refugiados, menciona que la falta de recursos en la Cancillería ha hecho difícil atender esta demanda. En 2024, solo 118 extranjeros fueron reconocidos como refugiados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha acusado a los venezolanos de abusar del sistema de refugio, argumentando que muchos son migrantes económicos. Sin embargo, la sociedad civil considera que esta interpretación es restrictiva y contraria a la Declaración de Cartagena de 1984.
Además, se resalta que algunos solicitantes abandonan los procesos no por desinterés, sino debido a las demoras y la imposibilidad de trabajar, lo que lleva a la deserción.
Entre las alternativas, el Estatuto de Protección Temporal otorgaba permisos que ya no son accesibles, y una nueva visa especial presentada en diciembre no es adecuada debido a requisitos restrictivos. A pesar de algunos avances en la Corte Constitucional, se continúan enfrentando desafíos organizacionales y burocráticos en la implementación de soluciones efectivas.
DCN/Agencias