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Este viernes 27Jun, el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mostró su preocupación por el «deterioro» de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Durante su intervención en la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk advirtió que, entre mayo de 2024 y mayo de 2025, su oficina ha documentado «graves violaciones», incluyendo «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violaciones del debido proceso».
“Durante este período, hemos visto cómo personas, incluidas figuras de la oposición y defensores de derechos humanos, han sido objeto de detenciones bajo cargos cuestionables, especialmente relacionados con la legislación antiterrorista”, señaló el alto comisionado.
Türk informó que en el contexto de las elecciones parlamentarias y regionales las autoridades venezolanas anunciaron la detención de aproximadamente 70 personas, entre ellas ciudadanos extranjeros, acusados de formar parte de un supuesto «grupo terrorista». Posteriormente, afirmó que el gobierno venezolano aseguró haber desmantelado una red vinculada a varias organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
El funcionario de la ONU cuestionó el uso de la legislación antiterrorista en estos casos, asegurando que su aplicación «no se ajusta a las normas del derecho internacional», y denunció que los procesos judiciales a los que son sometidos muchos de los acusados «no cumplen con estándares internacionales de justicia».
Además, alertó que numerosas personas permanecen privadas de libertad por hechos vinculados a las elecciones presidenciales de 2024, y que al menos 1.500 personas fueron liberadas durante el período cubierto por el informe.
La oficina de Türk también reportó que 32 personas fueron «víctimas de tortura» durante su detención, entre ellas 15 adolescentes. Además, indicó que 28 personas fueron desaparecidas tras las elecciones presidenciales de 2024, incluidos 12 ciudadanos extranjeros que «no han recibido asistencia consular».
En este sentido, pidió la liberación inmediata de todos los detenidos incluyendo a los defensores Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.
En cuanto a los derechos sociales y económicos, alertó sobre el «colapso progresivo de los servicios públicos».
Indicó que el 91 % de los hospitales públicos solicitaron a los pacientes traer sus propios insumos médicos, y que la mitad de los estudiantes asistieron irregularmente a clases durante 2024 debido a la falta de profesores y suspensión de actividades.
Asimismo, criticó que el salario mínimo mensual se mantenga en 130 bolívares, equivalente a menos de un dólar, una cifra que «no cubre necesidades básicas». Asimismo, señaló que el reciente cese de operaciones de la empresa Chevron «ha empeorado la situación económica, contribuyendo a la hiperinflación». S
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DCN/Agencias