Una orden judicial ha determinado que el gobierno de Estados Unidos debe facilitar el regreso de Daniel Lozano Camargo, un joven venezolano deportado por error a El Salvador en marzo, a pesar de tener una solicitud de asilo activa y estar protegido por un acuerdo judicial.
Este caso ha captado atención tanto mediática como política, debido al uso de legislación de emergencia para justificar su deportación y a la intervención directa del secretario de Estado, Marco Rubio, quien está liderando las gestiones diplomáticas para su repatriación.
En una comparecencia en corte el 2 de junio, Melissa Harper, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó que Rubio está a cargo de las negociaciones con el gobierno salvadoreño. Rubio mantiene una relación cercana con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y otros altos funcionarios.
Harper expresó que, con base en su experiencia y conocimiento de las dinámicas políticas de El Salvador, el secretario está gestionando personalmente las conversaciones sobre los individuos afectados por la orden judicial detenidos en el país centroamericano.
Familiares de Lozano Camargo han denunciado que fue víctima de un proceso administrativo acelerado, sin oportunidad de defensa ni revisión de su estatus legal. Su madre ha utilizado redes sociales para exigir justicia y criticar lo que considera una acusación infundada, basada en estereotipos.
A pesar de que la jueza federal Stephanie Gallagher ordenó el regreso del joven hace más de un mes, su traslado a Estados Unidos aún no se ha concretado. La administración Trump ha indicado que está trabajando activamente con las autoridades salvadoreñas para facilitar su salida del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y su posterior reingreso al país norteamericano.
DCN/Agencias