Las Fuerzas Armadas de Ecuador han destruido más de 6.800 armas, municiones y accesorios confiscados al crimen organizado y a delincuentes comunes durante los primeros tres meses de 2025. Esta acción forma parte de los operativos realizados bajo el “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa contra las bandas criminales.
La destrucción se llevó a cabo en una planta de acero en Guayaquil, el centro de la crisis de violencia, utilizando hornos industriales para fundir el material. De lo incautado, 1.051 eran armas de fuego letales, 147 armas no letales, 1.516 accesorios y más de 3.600 municiones.
En el acto participaron diversas autoridades militares, incluyendo a Marco Rocafuerte, director de logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien destacó la labor del personal encargado de combatir el crimen organizado. Las armas destruidas habían sido descartadas para el uso del Bloque de Seguridad de Ecuador, que incluye a la Policía y las Fuerzas Armadas, junto a los ministerios de Interior y Defensa.
A partir de una reciente reforma establecida tras el referéndum de 2024, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas pueden equiparse con armas incautadas, aunque las unidades en esta ocasión fueron consideradas inadecuadas para la formación de las fuerzas de seguridad. La ley de control de armas, aprobada en octubre de 2024, permite a estos cuerpos recibir armamento confiscado de grupos armados.
Para que las armas sean transferidas a las fuerzas de seguridad, deben cumplir con “ciertas características en calibre y cadencia de tiro”. Según un portavoz militar, unas 32.000 armas de bandas criminales han sido destruidas en Ecuador en los últimos cinco años. Rocafuerte indicó que alrededor del 30 % del material incautado ya está en manos de agentes de seguridad, mientras que el 70 % restante fue descartado por ser “obsoleto” o tener “deficiencias”.
Desde inicios del año pasado, el presidente Noboa ha elevado la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, catalogando a estas bandas como grupos terroristas y decretando un estado de excepción que militariza cárceles controladas por estas organizaciones.
DCN/Agencias