Colombia denuncia la orden de detención de Velásquez como un «ataque a la justicia internacional»
Colombia rechaza orden de captura contra exministro y fiscal general por corrupción
El Gobierno de Colombia ha anunciado acciones diplomáticas tras la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta medida se relaciona con presuntos delitos de corrupción en el caso Odebrecht y ha sido calificada como «un atentado contra la Justicia internacional».
El Ministerio de Exteriores colombiano, a través de un comunicado, expresó su «profunda preocupación y enérgico rechazo» ante la solicitud de detención. Actualmente, Velásquez se desempeña como embajador de Colombia ante la Santa Sede. La cartera diplomática considera que la orden de captura carece de sustento jurídico y representa un uso incorrecto de los mecanismos de cooperación judicial internacional.
Además, argumenta que la medida «vulnera Derechos Humanos» y exige que tales acciones cuenten con una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que, según el Gobierno colombiano, no se cumplen en este caso. El Ejecutivo reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional, la independencia judicial y la cooperación entre países.
La Fiscalía guatemalteca ha solicitado la detención de Velásquez y Camargo por presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión en el contexto del caso Odebrecht. Se ha notificado a Interpol sobre esta situación.
Velásquez, quien trabajó junto a Camargo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha criticado a la Fiscalía guatemalteca, acusando a ambos de ser víctimas de una «persecución». En 2023, el Ministerio Público señaló a Velásquez por presuntas irregularidades en acuerdos de cooperación con directivos de Odebrecht en 2017, lo que habría causado una pérdida al Estado guatemalteco de más de 3.000 millones de quetzales, equivalente a unos 340 millones de euros.
DCN/Agencias