La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Tribunal Supremo la reanudación de las deportaciones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que permite a la Casa Blanca expulsar a personas acusadas de pertenecer a bandas criminales. Esta ley data del siglo XVIII y se está usando para gestionar la deportación de alrededor de 200 migrantes venezolanos detenidos en Texas, tras una suspensión temporal por parte del Supremo.
Las autoridades informan que 176 de estos migrantes están supuestamente vinculados a la banda venezolana «Tren de Aragua», considerada como organización terrorista por Estados Unidos. Se ha afirmado que existen «pruebas» de que su «detención prolongada» representa un riesgo para el país.
Recientemente, se reportó que 23 de estos migrantes protagonizaron actos considerados «peligrosos». En un incidente en el centro de detención de Bluebonnet, en Anson, algunos migrantes amenazaron con tomar rehenes y causar daño a agentes. Este evento ocurrió tras la difusión de un video en el que los detenidos hacían una señal de socorro desde uno de los patios del centro. Los implicados en el incidente han sido trasladados a un área con mayor vigilancia.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha utilizado esta ley para proceder con expulsiones «en caliente» de migrantes identificados como miembros de la banda, sin tomar en cuenta su estatus migratorio ni seguir los protocolos establecidos.
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido invocada en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, siendo la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se recluyeron a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento.
DCN/Agencias