El 1 de mayo, el Gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de EE. UU. la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para numerosos venezolanos. Esta es la segunda vez que la administración intenta revertir un fallo de una Corte Federal de California, que el 31 de marzo ordenó posponer la revocatoria del TPS para alrededor de 300 mil venezolanos.
Dicha decisión fue impugnada por un grupo de venezolanos beneficiarios del TPS, quienes argumentaron que la revocación anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en febrero, violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. Este cuerpo legal exige procedimientos claros para cambios de política por parte de agencias federales. Además, los demandantes sostuvieron que la decisión estaba basada en prejuicios raciales y políticos.
A mediados de abril, el Gobierno intentó anular el fallo, pero el Noveno Circuito de Apelaciones de EE. UU. rechazó la solicitud, lo que significó un golpe adverso para la administración Trump.
La estrategia del gobierno republicano incluye una persecución sistemática de venezolanos en EE. UU., en el marco de políticas de deportaciones masivas. Según argumentan, permitir la entrada de venezolanos contradice los intereses estadounidenses.
Este contexto se produce en medio de un ambiente complicado para los migrantes venezolanos, quienes enfrentan incertidumbre respecto a su estatus legal y futuro en el país.
DCN/Agencias