ONU exige a Estados Unidos el fin de la Ley de Enemigos Extranjeros para detener la deportación de venezolanos
Expertos de la ONU alertan por deportaciones de venezolanos y salvadoreños desde EE.UU.
Este miércoles, expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación por las deportaciones ilegales desde Estados Unidos hacia El Salvador, afectando a más de 250 hombres de nacionalidades venezolana y salvadoreña, presuntamente asociados a pandillas. Criticaron la aplicación de la Ley de Enemigos de Extranjeros de 1798, argumentando que ha negado el debido proceso y el acceso a tribunales, violando principios del derecho internacional.
Los especialistas destacan que estas decisiones no evaluaron adecuadamente el riesgo de violaciones de derechos humanos que enfrentarían los deportados en El Salvador. Además, no consideraron el impacto en el derecho a la vida familiar ni en los derechos de las mujeres y niños involucrados.
En su informe, los expertos precisaron que el derecho internacional prohíbe la deportación de personas a lugares donde puedan enfrentarse a un riesgo grave de tortura, detención arbitraria u otras formas de daño. Expresaron su preocupación sobre las condiciones carcelarias en El Salvador, donde se han documentado casos de muerte, torturas y hacinamiento, lo que contraviene normativas internacionales.
Solicitaron al gobierno salvadoreño la apertura de sus cárceles a organismos de monitoreo independientes. También manifestaron alarmas sobre la falta de claridad legal en torno a la detención de deportados, las dificultades para acceder a representación legal y el derecho a la comunicación con familiares.
Los expertos señalaron que la falta de un estatus legal claro podría resultar en detenciones indefinidas y arbitrarias. Además, resaltaron que las deportaciones podrían asociarse con desapariciones forzadas, dado que muchos detenidos ignoraban su destino y sus familias no recibieron información sobre su situación.
También indicaron que EE.UU. y El Salvador no han colaborado en la restitución de personas deportadas ilegalmente. Adicionalmente, criticaron la clasificación de las pandillas como organizaciones terroristas, argumentando que este enfoque no se ajusta a la naturaleza de los delitos cometidos.
Los expertos hicieron un llamado a ambos gobiernos para que cesen las deportaciones sumarias y garanticen el respeto por los derechos humanos, el debido proceso y recursos efectivos en los procedimientos de deportación. Formalizaron su preocupación junto a una lista de más de 100 ciudadanos venezolanos afectados, muchos de cuyos paraderos son desconocidos.
DCN/Agencias