El Tribunal Supremo avala decisión de Trump de revocar la residencia temporal a 532,000 migrantes.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes permitir al Gobierno de Donald Trump retirar la protección legal temporal que beneficiaba a 532,000 migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. La corte aprobó la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
La administración Trump impugnaba un fallo de una jueza federal en Massachusetts que había determinado que el Gobierno no podía cancelar el “parole humanitario” sin considerar cada caso individualmente. En su desacuerdo, Brown Jackson señaló que la corte no exigía nada al Gobierno respecto a posibles daños irreparables y subestimaba las graves consecuencias para casi medio millón de migrantes mientras sus demandas seguían pendientes.
La jueza advirtió que los migrantes enfrentan ahora “dos opciones insostenibles”: regresar a sus países de origen, donde los riesgos son altos, o quedarse en EE.UU. sin estatus legal, enfrentándose a una posible expulsión.
Este fallo es el segundo del Supremo este año relacionado con la migración, luego de que hace diez días se autorizara a Trump a cancelar el estatus de protección temporal (TPS) para otros 350,000 migrantes venezolanos. Trump ha prometido endurecer la política migratoria, lo que incluiría la deportación de millones de inmigrantes.
El “parole humanitario” había sido expandido en enero de 2023 por el expresidente Biden para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de los países mencionados, cuya llegada irregular a la frontera sur ha sido significativa.
Defensores de los inmigrantes criticaron la decisión, considerándola como “la mayor deslegalización” migratoria en la historia reciente del país. Karen Tumlin, directora de Justice Action Center, expresó que esta resolución generará caos no solo para los afectados directamente, sino también para sus familias y comunidades.
Guerline Jozef, directora de Haitian Bridge Alliance, resaltó que muchos de estos migrantes ingresaron legalmente al país con permisos de estancia. Anwen Hughes, de Human Rights First, afirmó que se continuará con la demanda contra la administración Trump por su intento de revocar el estatus legal de medio millón de personas.
Desde el Departamento de Seguridad Interna, se celebró la decisión y se anunció la reanudación de las expulsiones de aquellos que habían estado protegidos por este programa. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que esto representa un necesario retorno a políticas más estrictas y a la defensa de la seguridad pública.
DCN/Agencias