TSJ asume el caso de la mafia judicial en Zulia: un giro crucial en la lucha contra la corrupción
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisó un caso en Zulia relacionado con un conflicto entre socios de la empresa Farma Expres. Esta decisión se formalizó en la sentencia 00988, escrita por el magistrado Malaquías Gil y firmada por sus colegas Juan Carlos Hidalgo Pandare y Emilio Ramos González.
Los magistrados determinan que hubo «desorden procesal» en la tramitación del expediente. En el fallo se mencionan a las partes implicadas: Sahar Carolina Boudakka y Mouhamed Douglas Charaf Yundi. Esta sociedad se fundó hace aproximadamente diez años para ofrecer productos farmacéuticos a través de una red llamada Farma Express en la región.
En el año 2023, Mouhamed Douglas rompió la sociedad al registrar el nombre de Farma Express DCH como propio. En respuesta, Sahar Boudakka presentó una demanda ante el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo, alegando que Mouhamed actuó de manera dolosa y ocultó información sobre los otros socios para registrar el nombre unilateralmente.
El TSJ ordenó trasladar el caso a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la región capital. Antes de esta decisión, Sahar Boudakka presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior del Zulia contra Mouhamed, quien presuntamente les exigió 2 millones de dólares para no cerrar las sucursales de Farma Express.
Según Sahar, después de recibir un aviso para cambiar el nombre de las farmacias, Mouhamed se comunicó con su hermano, amenazándolos con cerrar una de las sucursales si no pagaban la suma solicitada. La Fiscalía, a cargo de la fiscal auxiliar interina 67, Laura Betzabe Corcuera Ávila, desestimó la denuncia, argumentando que era un asunto civil y no penal, y solicitó su descarte al Poder Judicial.
A pesar del rechazo de la denuncia, el Ministerio Público citó a Sahar y otros socios para imputarlos a pedido de Mouhamed, lo cual generó confusión sobre la naturaleza del caso. Hasta ahora no se han realizado detenciones de los imputados, quienes señalan inconsistencia en el tratamiento del caso por parte del Ministerio Público.
Los involucrados advierten sobre la existencia de una mafia judicial en Zulia, un problema que fue mencionado recientemente por el ministro de Interiores, Diosdado Cabello, quien también se refirió a la detención de varios funcionarios judiciales en la región vinculados a actividades delictivas.
DCN/Agencias