Amnistía Internacional (AI) informó sobre la «impunidad» de las «violaciones» de derechos humanos en Venezuela, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Este evento desató protestas tras las denuncias de fraude por parte de la oposición al proclamarse Nicolás Maduro como presidente reelecto.
En su informe de 2024, AI señaló que las protestas fueron reprimidas violentamente, con el uso excesivo de la fuerza y alegaciones de ejecuciones extrajudiciales. Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, al menos 24 personas fallecieron, incluyendo dos menores de edad. La mayoría de las muertes fueron atribuidas a heridas de bala, y organizaciones de derechos humanos culparon a cuerpos de seguridad del Estado y a grupos armados progubernamentales.
AI también denunció la detención arbitraria de miles de opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, que incluyó a cientos de menores. Las cárceles enfrentan condiciones deterioradas y se sospecha que los detenidos fueron sometidos a tortura. Según el informe, 221 mujeres seguían encarceladas a finales de 2024 y las detenciones se realizaron sin orden judicial.
Desde el ámbito social, un informe de la ONU reveló que casi el 82% de la población venezolana vivía en pobreza y el 53% en pobreza extrema, debido a la falta de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica, cuya valoración era de 498,47 dólares. AI subrayó que las mujeres eran las más afectadas, enfrentando situaciones alarmantes como el intercambio de sexo por alimentos.
En temas medioambientales, AI destacó el impacto de la minería ilegal en el bienestar del pueblo indígena Yanomami y los derrames de petróleo en la refinería El Palito, que afectaron severamente a la fauna marina.
DCN/Agencias