El avance del crimen obstaculiza el desarrollo en América Latina y el Caribe

El crimen organizado y la violencia se han convertido en un obstáculo clave para el desarrollo en América Latina y el Caribe, según el nuevo Reporte Económico del Banco Mundial, presentado este lunes. Titulado Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe, el informe indica que estos problemas agravan la débil situación económica de la región, donde se espera un crecimiento del 2,1% en 2025 y del 2,4% en 2026, lo que la sitúa como la de menor crecimiento a nivel global.

La violencia letal asociada al crimen organizado alcanza niveles alarmantes, con tasas de victimización tres veces superiores al promedio mundial y tasas de homicidios ocho veces más altas. El reporte señala factores que impulsan este fenómeno, como la demanda de bienes ilegales, las intervenciones gubernamentales que alteran redes criminales y la pandemia de COVID-19, que ha permitido a estos grupos consolidar su poder en áreas de baja presencia estatal.

Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, afirmó que el crimen organizado está creciendo rápidamente en la región, convirtiéndose en una amenaza transnacional que requiere un diálogo regional y global para encontrar soluciones y movilizar recursos colectivos.

Las implicaciones de esta situación son graves; afectan la seguridad pública, frenan el crecimiento económico y erosiona la integridad de las instituciones. La inseguridad y la extorsión aumentan los costos para las empresas y desvían recursos de servicios esenciales como salud y educación, lo que ya resulta complicado para países con alta deuda.

William Maloney, economista jefe para la región, expresó que combatir la delincuencia no es solo una cuestión de seguridad, sino una prioridad de desarrollo. El informe propone fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado mediante reformas en las fuerzas policiales, el sistema penitenciario y los procesos judiciales. Además, resalta la importancia de políticas económicas que fomenten el crecimiento y generen oportunidades para los jóvenes, reduciendo así la oferta laboral del delito.

DCN/Agencias