¡Alerta! Policías y militares extorsionan a productores agropecuarios con cobros de hasta $5,000 mensuales en alcabalas
En Venezuela, la extorsión se ha convertido en un fenómeno alarmante, presente en distintos puntos de control y alcabalas, como lo revela un reciente informe de Transparencia Internacional. Esta situación afecta principalmente a migrantes, productores y transportistas que ingresan al país.
El caso de Omar Rodríguez, ocurrido el 13 de abril, ilustra el miedo que enfrentan quienes viajan por tierra después de años de ausencia. Rodríguez fue víctima de un robo de parte de tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la Alcabala de Sinamaica. Los agentes le quitaron 1.435 dólares, requisaron su laptop y lo amenazaron con detenerlo por supuesta usurpación de identidad. Este joven había reunido el dinero para ayudar a un familiar enfermo y, tras el incidente, denunció a los funcionarios en redes sociales, lo que condujo a su aprehensión. Sin embargo, la denuncia conlleva riesgos y no siempre garantiza un resultado positivo.
El informe también destaca que los productores agropecuarios son víctimas de acusaciones falsas y extorsión. Se estima que les exigen cuotas que oscilan entre 3.000 y 5.000 dólares. Muchos de estos pequeños productores que distribuyen sus mercancías en el centro del país, llevan bolsas de alimentos en sus vehículos para entregarlas a los militares y policías en puntos de control, evitando así inspecciones y retrasos.
En un análisis realizado en el estado Táchira, se evidenció que la extorsión se ha profesionalizado; las compañías de transporte «prepagaban» a las fuerzas de seguridad para evitar problemas en sus rutas. También se ha reportado que particulares que transitan por zonas fronterizas deben pagar cuotas por portar «divisas», incluso si es para gastos personales.
En el estado Zulia se observó que funcionarios policiales piden pequeños montos o productos esenciales, como harina o arroz, como forma de extorsión. Según el estudio, se estima que por cada 100 puestos de seguridad, en 25 se podría presentar un acto de extorsión, especialmente en las vías del occidente.
Otro caso significativo es el de la extorsión en La Cota 905, en Caracas, donde funcionarios de la PNB han sido acusados de cobrar a los habitantes tras la liberación del área de una megabanda en 2021. Además, se han documentado relatos en redes sociales de víctimas de extorsión policial en las calles de la capital.
Finalmente, el informe también menciona que en las cárceles los privados de libertad son extorsionados por funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes exigen pagos para acceder a alimentos, medicinas y otros beneficios.
DCN/Agencias